El feminicida podría salir en libertad
Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora, 18 agosto 2016.- Ante las
irregularidades con las que fue integrada la averiguación previa 10/2015 Bis,
del juzgado primero penal en Navojoa, Sonora, los padres de Jessica Rosario
Vega Borbón, asesinada el 20 de enero de 2015,
se muestran preocupados de que el responsable pudiera salir libre, por
lo que solicitaron una audiencia con el procurador de Sonora, Rodolfo Montes De
Oca.
El asesinato de Jessica ocurrió en el fraccionamiento Los
Olivos del municipio de Navojoa ubicado a 318 kilómetros al sur de esta capital
de Sonora. El acusado de feminicidio Juan Ramón Valenzuela García, quien se
encuentra detenido -pero sin sentencia aún- a través de su defensa busca por
todos los medios salir exento de sanción.
Rosalba Borbón Rubio, madre de Jessica explicó que en otras
ocasiones el esposo de su hija la había
maltratado, lo cual habían visto muchas personas, y por eso la víctima había
pedido ayuda al Instituto Sonorense de la Mujer.
Existe constancia de que padecía violencia familiar por
parte de su esposo, Juan Ramón Valenzuela y que en ocasiones anteriores la
había tratado de ahorcar.
Anomalías, fallas y omisiones son las cometidas por el
ministerio público. Rosalba Borbón y Fernando Vega Ramírez, madre y padre de
Jessica se entrevistaron este día con el subprocurador de procesos Aurelio
Cuevas y con el director de procesos Sergio Ruiz en ausencia del procurador,
quien se encontraba fuera de la ciudad.
Así mismo interpusieron una denuncia ante visitaduría de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora contra Alfredo Valencia
Dozal, ministerio público que no integró bien la averiguación previa, por lo
que podría facilitar o propiciar que el feminicida salga libre. Que lo
investiguen y lo castiguen, solicitan en su petición.
Los hechos y las pruebas son contundentes cuenta Rosalba,
mientras recordaba que en octubre de 2014 el esposo agresor había intentado
asesinar a su hija, pero ésta alcanzó a enviar un mensaje pidiendo ayuda lo
cual evitó el feminicidio.
En esa ocasión la golpeó, la arrastró, la encerró en la
casa, y en el mensaje que envió a una prima desde el baño de la vivienda decía
que su esposo estaba agrediéndola y temía que la asesinara.
Del procurador esperan que les ayude para obtener justicia,
mientras que de la gobernadora Claudia Pavlovich también esperan apoyo para que
la muerte de Jessica no quede impune.
La afligida madre agregó que en una de las visitas al sur
del estado que hizo la gobernante, ella le pidió que les ayudara, siendo la
asistente quien tomó los datos, proporcionando un teléfono a la familia, mismo
que era de Seguridad Pública, y no de alguna oficina para dar seguimiento.
Del juez confían en que juzgue de acuerdo a las pruebas, que
haga las cosas bien, y que se guíe por la justicia, dice.
Es imperdonable lo que le hicieron a su hija, y no se vale que ese “monstruo” quede libre por un mal
trabajo del ministerio público, por lo que pide que la ayuden, que volteen a
verla, que se den cuenta que hay dos pequeños que están sin su mami por culpa
de ese feminicida.
A como van las cosas tenemos el temor de que le otorguen la
libertad pues el abogado defensor del acusado está aprovechando cualquier
resquicio de falla en la investigación para lograr la libertad del responsable
del asesinato, expuso Fernando Vega.
Los padres de Jessica han lidiado con las secuelas del
feminicidio de su hija y las consecuencias para los hijos de ésta de diez y
siete años de edad. El mayor ha padecido depresión y gracias a la intervención
oportuna ha ido superando esa situación.
Más atención al proceso es lo que piden como familiares de
quien perdiera la vida a manos de su esposo y padre de sus hijos, Jessica Vega.
Patricia Alonso Ramírez, presidenta de la organización
Cobanaras federación lamentó que siendo ellas una agrupación que trabaja para
empoderar a las mujeres indígenas a través de la Casa de la Mujer indígena,
CAMI La Paloma, les hayan asesinado a una de sus compañeras.
Talleres para prevenir la violencia contra las mujeres,
atención psicológica y otras actividades, son las que realizan en la CAMI. Denunció
que seguido reciben malos tratos de los ministerios públicos cuando acompañan a
mujeres indígenas a denunciar o a solicitar algún otro servicio.
La forma en que se integró la averiguación previa fue
evidentemente mal hecha, y como ejemplo expuso que el celular de la víctima no
fue presentado hasta once meses después del evento, siendo el ministerio
público quien lo había retenido todo ese tiempo sin razón justificada.
Alonso Ramírez se mostró preocupada por la falta de
profesionalización del personal que atiende la violencia contra las mujeres en
Navojoa, y recomendó capacitación para las y los funcionarios.
Son ya diez y nueve meses que han pasado desde que se
cometió el feminicidio y no solo se hizo una deficiente investigación, sino que
no se ha dictado sentencia aún, pues la defensa retarda y retarda con argucias
jurídicas que esto suceda, dijo.
Entre sus peticiones se encuentra la pena máxima para el
acusado del delito de feminicidio, misma que en Sonora es de sesenta años de
prisión.
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