No están
confirmadas órdenes de aprehensión contra maestras dicen
Silvia
Núñez Esquer
Hermosillo,
Son., 12 agosto 2015.- Alrededor de veinte madres y padres de familia
representantes de más de treinta familias afectadas por el fallecimiento de
alguno de los niños y niñas de la Guardería ABC, desmintieron al licenciado
Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de otras de las familias
afectadas, quien declaró a la prensa que la PGR había librado 22 órdenes de aprehensión
contra maestras de la estancia infantil por negligencia en el incendio que
coadyuvó a la muerte de los menores.
La señora
Julia Isabel Escalante informó que todas y todos son padres afectados y que no
los representa el mencionado licenciado, y que desean conocer la verdad. Dijo
que están trabajando con la PGR, y que
en el mes de mayo estuvieron reunidos con la procuradora Arely Gómez en
la Ciudad de México, en donde advirtieron una apertura de parte de ella, pues
se están haciendo una serie de diligencias que hace años se habían solicitado y
no se habían concretado. Como padres seguirán buscando la verdad, estén o no
estén representados por algún abogado. Afortunada o desafortunadamente han
pasado seis años, con altibajos en lo emocional, pero a estas alturas entienden
más lo que está pasando y por ello están trabajando con la PGR. Lo más
importante es conocer qué es lo que ocurrió con sus hijos y qué es lo que les
sucedió el 5 de junio de 2009, finalizó.
Filigonio
Martínez uno de los padres, leyó un comunicado en donde aseguran que han sido
respetuosos en las determinaciones de la PGR porque saben y comprenden la
secrecía que debe guardarse en cada caso. Respaldan que la Procuradora General
de la República Arely Gómez les ha escuchado y haya tomado las acciones en
atención a sus solicitudes, las cuales siempre han sido apegadas a derecho,
estando pendientes algunas consideraciones, pero han recibido su total apoyo,
dice el posicionamiento.
En cuanto a
la responsabilidad de las maestras, de altos funcionarios y particulares
siempre han solicitado se actúe de acuerdo a la ley en su caso y en su momento, y en el supuesto
de no compartir el criterio con la PGR, entienden y saben que existen recursos
legales para que la justicia se pronuncie al respecto, pero jamás ventilar o
litigar este asunto tan lamentable ante los medios de comunicación,
refiriéndose al proceso legal por la muerte de cuarenta y nueve niñas y niños,
y más de cien lesionados de por vida, ocasionados por el incendio en la
Guardería ABC el 5 de junio de 2009.
Los padres afectados
agregaron que quieren saber la verdad para que se haga justicia y que las
autoridades hagan su trabajo de manera imparcial. Por ese medio solicitaron a
la Procuradora Arely Gómez que tome en cuenta la responsabilidad de los altos
funcionarios y particulares involucrados en el proceso.
En rueda de
prensa realizada en las instalaciones de la delegación de la PGR en Sonora, reprobaron públicamente las
acciones del licenciado Gabriel Alvarado en relación a las últimas
declaraciones en las que se refiere a la existencia de órdenes de aprehensión
pendientes de cumplirse, circunstancia que de ser cierta debería existir mesura
en el manejo de dicha información, para lo cual tomarán las medidas legales
conducentes.
Cuestionaron
que no entienden cómo una persona sabedora de leyes, dé esa información a los
medios, ya que afecta directamente al proceso. Informaron que fue el licenciado
Alvarado, representante de algunas familias, quien interpuso el amparo que
apresuró a que las mismas autoridades tomaran acciones en contra tanto de las
maestras, como de altos funcionarios, pero no confirmaron la veracidad de las
órdenes de aprehensión.
Julio César
Márquez enfatizó que las declaraciones del licenciado Gabriel Alvarado, pueden
afectar el proceso. De igual forma negó que el abogado represente al total de
las familias como lo ha estado informando. “Somos un grupo de padres que
tenemos voz y el derecho a ser escuchados”, comentó.
Consideró
que es la PGR la indicada para acreditar los elementos suficientes como para
determinar si existe o no responsabilidad de las maestras por algún acto u
omisión directamente el día de la tragedia. Informó que no han sido notificados
formalmente, de que se haya ido a reserva el caso de dos altos ex funcionarios,
pero la PGR debe actuar ya que ellos han aportado mucha información al respecto.
Con
independencia del grupo al que pertenezca cada madre o padre, todos tienen el
carácter de ofendidos en el caso ABC. Tienen derecho a manifestarse y a reprobar
las declaraciones que consideren están afectando el proceso, dijo Julio César
Márquez. Insistió en que no tienen una notificación formal sobre las órdenes de
aprehensión, y que saben que hay una respuesta de la PGR, pero desconocen el
sentido de la misma, y si lo supieran no lo dirían, pues consideran
irresponsable que se haya ventilado información al respecto.
Márquez
Ortiz precisó que nunca se debe olvidar que las únicas víctimas fueron sus
hijas e hijos, todos los demás son ofendidos y las maestras sí tenían la
responsabilidad del cuidado de los niños. Tampoco generalizamos, dijo. Pueden
no haber sido todas, pero sí hay elementos como para determinar que sí pudiera
configurarse algún tipo de delito de parte de algunas, opinó.
Filigonio
Martínez, quien dio lectura al posicionamiento agregó que en todo caso, es
ilógico poner sobre aviso a personas que tengan orden de aprehensión. Eso es
entorpecer el proceso, opinó.
Por su
parte, Abraham Fraijo externó que en caso de que las maestras sí tengan alguna
responsabilidad no son las únicas, pues existen altos funcionarios y algunos
particulares, y que en su momento si PGR no responde a su favor seguirán
exigiendo. Resulta peligroso que en una situación delicada, se ponga sobre
aviso a quienes podrían ser objeto de orden de aprehensión, que casualmente son
también clientes del licenciado Alvarado pues es el representante legal de
algunas de las maestras señaladas como responsables, reveló.
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