Silvia
Núñez Esquer
El viernes
24 de julio pasado venció el plazo para que el Grupo de trabajo para el estudio
y análisis de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio
de Cajeme, Sonora, entregara los resultados de su investigación in situ,
realizada para ese fin.
El grupo
fue conformado por dos académicas de centros de investigación de Sonora, en
este caso del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), y El
Colegio de Sonora; dos académicos del ámbito nacional, en este caso UNAM y
Tecnológico de Monterrey; un representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y otro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la directora del
Instituto Sonorense de la Mujer; una representante del Instituto Nacional de
las Mujeres, y la coordinadora del grupo de trabajo, representante de la
Comisión Nacional para la prevención de la Violencia contra la Mujer (CONAVIM),
de la Secretaría de Gobernación.
Visitas no
anunciadas a las instituciones encargadas de la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres en Sonora se realizaron para
recabar datos estadísticos y de índole operativa, sin aviso previo para conocer
cómo se trabaja en un día cualquiera en forma cotidiana.
De igual
manera se entrevistó a organizaciones de la sociedad civil e informantes
considerados clave, en el municipio de Cajeme y otros puntos de Sonora, así
como a víctimas de violencia de género, y familiares de víctimas de feminicidio,
para conocer la parte ciudadana desde el enfoque de las víctimas afectadas, y poder contrastar ambos puntos de
vista. También se aplicaron instrumentos de levantamiento de información para
las organizaciones de la sociedad civil.
Con toda
la información recabada, el grupo de
trabajo habría de elaborar un informe sustentando las conclusiones a las que
llegaron y que en el futuro podrían ser la base para la declaratoria de la
Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, Sonora, si es que
el ejecutivo no acepta las recomendaciones.
Cajeme está
ubicado al sur del estado de Sonora y en los últimos años ha estado afectado
por una ola de violencia social generalizada destacando los eventos
relacionados con el crimen organizado, por lo que las ejecuciones, secuestros e
incluso, desapariciones de mujeres han estado presentes.
En ese
contexto de violencia el feminicidio ha sido uno de los delitos que ha
permanecido en forma regular destacando como uno de los municipios con mayor
incidencia, al igual que Hermosillo, Nogales, y ahora San Luis Río Colorado.
No
obstante, el 2014 fue particularmente violento contra las mujeres de Cajeme,
pues 34% de los asesinatos de mujeres y niñas se presentaron en ese municipio.
Ese porcentaje es el más alto que ha alcanzado desde el año 2010 en que se
presentaron 4 casos, 2011 tuvo 8 casos, 2012
con 7 casos, 2013 presentó 9
casos, y 2014 destacó por aumentar en 56%, al presentar 16 de los 46 casos
registrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
A su vez,
la solicitud de AVG se da en un contexto nacional en donde por primera vez se
decretó la Alerta de Género, fue en el Estado de México y sucedió este martes
28 de julio, cinco años después de que se presentara la solicitud por integrantes
de la sociedad civil quienes en repetidas ocasiones insistieron en la necesidad
de decretar el mecanismo en la entidad con mayor incidencia de feminicidio en
el país. Hay varias solicitudes esperando respuesta, otras tantas recibieron
negativa a su petición, otra, la de Tijuana que siguió el mismo procedimiento
que la de Cajeme, Sonora, generó ya una serie de conclusiones.
La figura
de “recomendación” no existen ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, ni en su reglamento, por lo cual lo que se genera,
es un documento que plasma el análisis de la información recabada y algunas
conclusiones a las que llegue el grupo de trabajo.
En el caso
del documento de 109 páginas referente a Baja California, se advierte que la
AVG debería haber sido decretada de manera urgente, pues en todas las
conclusiones se enuncian fallas sistémicas. Muy probablemente en la de Cajeme
suceda lo mismo. A pesar de que ambas se pidieron para un solo municipio, las
conclusiones son para todo el estado, pues es imposible desligarlo en esa
forma.
No
obstante, la AVG sigue siendo un mecanismo incomprendido, pues de lo que se
trata no es de emitir “recomendaciones”, sino parar de inmediato la violencia
feminicida. De acuerdo a lo que se entiende por AVG desde el reglamento
reformado en 2013, quienes trabajan en los diagnósticos hacen un trabajo
exhaustivo para poder de la mejor manera brindar elementos para que el decreto
de alerta proceda.
Sin
embargo, al ser una solicitud para un fragmento del territorio estatal en el
que se extiende el feminicidio por todas sus latitudes, el informe no puede
sujetarse a un solo municipio, el informe de Baja California lo demuestra. La
petición fue para Tijuana, pero el documento se refiere a toda la entidad. Y es
que es ilógico que se decretara la AVG para un solo municipio.
Si lo que
se pretende es hacer cambios estructurales, éstos beneficiarán a la prevención
de la violencia de género en toda la entidad, pues las instancias de
prevención, atención, sanción y erradicación, son estatales y están obligadas a
salvaguardar la seguridad de todas las mujeres y niñas bajo su jurisdicción.
Los plazos
de investigación de la solicitud de AVG son cortos, no así los plazos para los
cambios que habrá de hacer el ejecutivo del Estado, pues tiene largos seis
meses para realizarlos, eso en caso de que acepte la “recomendación”. Esto nos
demuestra que las reformas al reglamento de la LGAMVLV no son las adecuadas,
pues si se sigue interpretando las conclusiones como un documento relajado en
el que se tiene medio año para cumplirlas, sin la obligatoriedad de hacerlo, la
AVG pierde su espíritu de parar de inmediato la violencia y proteger a las
mujeres en las zonas de riesgo como está ocurriendo no sólo en el municipio de
Cajeme, sino en varios del estado de Sonora.
La AVG es
inoperante tal como está descrita y respaldada en la Ley de acceso y su
reglamento. No deberíamos esperar a que el camino a una nueva reforma
legislativa se pavimente con más cuerpos inertes de mujeres. La propia AVG decretada
para el Edomex demuestra que en mucho tiene que ver la voluntad del Sistema
Nacional, más que el cumplimiento de los requisitos normativos.
La Alerta
de Violencia de Género (AVG) “Es el conjunto de acciones gubernamentales de
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio
determinado ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”, que no
se nos olvide y que no dejemos de repetirlo. La AVG no es para echar a andar
programas gubernamentales, es para salvaguardar la vida y la integridad de las
mujeres. El espíritu es de emergencia, no de planeación a largo plazo.
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