Fuera de ruta
Elsa Cornejo Vucovich*
A
la fecha, no conozco a un solo ciudadano común que esté de acuerdo con
pagar más impuestos, y al parecer, el gobernador y sus asesores no se
han dado cuenta del motivo general para la negativa, que resumo de la
siguiente manera: “para qué pagar más impuestos si nomás se los van a
echar a la bolsa”. No es que las y los ciudadanos seamos mezquinos o no
reconozcamos el valor de tener servicios públicos. El problema —además
de la falta de legitimidad de quienes ejercen el gasto público— es la
falta de políticas públicas efectivas y servicios públicos de calidad,
que no son una dádiva del gobierno sino el retorno de la inversión que
hacemos cuando pagamos impuestos. Se supone que con nuestros impuestos
el gobierno brinda servicios, diseña políticas e implementa programas
que fomenten el bienestar social. Es decir, hacemos una “cope
racha”
para que nuestro gobierno, en nuestra representación y bajo nuestro
mandato, haga lo que no podemos hacer de manera individual. En esencia,
las y los funcionarios son empleados de la ciudadanía.
Pero eso sí, somos muy malos jefes. Va un ejemplo: el gobernador amenazó que eliminar el impuesto para la Contribución al Fortalecimiento Municipal (bonito eufemismo para el pago de la tenencia) afectaría apoyos como el programa de uniformes escolares. El hecho de que ese programa sea tan popular demuestra nuestra poca sofisticación como ciudadanos. Como sociedad, tenemos la expectativa de un gobierno asistencialista que regala uniformes, cosa que resuelve no un problema social sino un problema individual que podría solucionarse mucho mejor de otras maneras, entre ellas: cambiar las políticas escolares para que no se requiera portar un uniforme en específico, generar incentivos para la industria textil y mercantil abarate los precios, fomentar el apoyo directo de organizaciones de la sociedad civil a las familias que de plano no tienen con qué vestirse, etcétera. En todo caso, el problema social que tendría que enfrentar el gobierno con esos recursos es la pobreza, pero, claro está, es más fácil regalar uniformes.
Me da gusto que se den movimientos ciudadanos como “NO a la tenencia en Sonora” porque así ejercemos nuestro deber y responsabilidad en una sociedad democrática, que nos obliga a informarnos, discutir, proponer y demandar. Por eso mismo, propongo dos condiciones mínimas para que yo apoye el pago de la tenencia:
1. Mejorar el sistema de transporte público y promover vías alternativas de transporte como la bicicleta. El impuesto de la tenencia vehicular supone que un automóvil relativamente nuevo es un lujo. Pero la realidad es que (quienes podemos) hacemos el sacrificio de conseguirnos un carrito porque el transporte urbano deja mucho que desear, ya ni se diga la posibilidad de trasladarse en bicicleta o caminando de manera segura. Hay niños y niñas que viven a dos cuadras de su escuela pero no caminan por temor a ser asaltados/as o peor. Yo no tendría la más mínima objeción a pagar más impuestos si los viera directamente reflejados en servicios de calidad y políticas públicas efectivas que beneficien a toda la población.
2. Eliminar la corrupción y la ineficiencia. La lista de problemas que habría que atender inmediatamente es de nunca acabar: despilfarro de dinero en cosas que no funcionan o no se necesitan o no son en beneficio de toda la comunidad; desvío de recursos (por no decir robo); nepotismo y tráfico de influencias; falta de evaluación para poder eliminar o modificar los programas y campañas que no funcionan, así como evaluar a las y los funcionarios y despedir a quienes no hacen bien su trabajo. Todo esto drena las arcas públicas, y cualquier intento de subir los impuestos sin atender estos problemas será visto como cinismo político.
Si el gobernador cumple con estas condiciones, el año que entra con mucho gusto encabezo un movimiento en apoyo a la tenencia.
*Asistente de investigación del Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: ecornejo@colson.edu.mxA
la fecha, no conozco a un solo ciudadano común que esté de acuerdo con
pagar más impuestos, y al parecer, el gobernador y sus asesores no se
han dado cuenta del motivo general para la negativa, que resumo de la
siguiente manera: “para qué pagar más impuestos si nomás se los van a
echar a la bolsa”. No es que las y los ciudadanos seamos mezquinos o no
reconozcamos el valor de tener servicios públicos. El problema —además
de la falta de legitimidad de quienes ejercen el gasto público— es la
falta de políticas públicas efectivas y servicios públicos de calidad,
que no son una dádiva del gobierno sino el retorno de la inversión que
hacemos cuando pagamos impuestos. Se supone que con nuestros impuestos
el gobierno brinda servicios, diseña políticas e implementa programas
que fomenten el bienestar social. Es decir, hacemos una “cope
racha”
para que nuestro gobierno, en nuestra representación y bajo nuestro
mandato, haga lo que no podemos hacer de manera individual. En esencia,
las y los funcionarios son empleados de la ciudadanía.Pero eso sí, somos muy malos jefes. Va un ejemplo: el gobernador amenazó que eliminar el impuesto para la Contribución al Fortalecimiento Municipal (bonito eufemismo para el pago de la tenencia) afectaría apoyos como el programa de uniformes escolares. El hecho de que ese programa sea tan popular demuestra nuestra poca sofisticación como ciudadanos. Como sociedad, tenemos la expectativa de un gobierno asistencialista que regala uniformes, cosa que resuelve no un problema social sino un problema individual que podría solucionarse mucho mejor de otras maneras, entre ellas: cambiar las políticas escolares para que no se requiera portar un uniforme en específico, generar incentivos para la industria textil y mercantil abarate los precios, fomentar el apoyo directo de organizaciones de la sociedad civil a las familias que de plano no tienen con qué vestirse, etcétera. En todo caso, el problema social que tendría que enfrentar el gobierno con esos recursos es la pobreza, pero, claro está, es más fácil regalar uniformes.
Me da gusto que se den movimientos ciudadanos como “NO a la tenencia en Sonora” porque así ejercemos nuestro deber y responsabilidad en una sociedad democrática, que nos obliga a informarnos, discutir, proponer y demandar. Por eso mismo, propongo dos condiciones mínimas para que yo apoye el pago de la tenencia:
1. Mejorar el sistema de transporte público y promover vías alternativas de transporte como la bicicleta. El impuesto de la tenencia vehicular supone que un automóvil relativamente nuevo es un lujo. Pero la realidad es que (quienes podemos) hacemos el sacrificio de conseguirnos un carrito porque el transporte urbano deja mucho que desear, ya ni se diga la posibilidad de trasladarse en bicicleta o caminando de manera segura. Hay niños y niñas que viven a dos cuadras de su escuela pero no caminan por temor a ser asaltados/as o peor. Yo no tendría la más mínima objeción a pagar más impuestos si los viera directamente reflejados en servicios de calidad y políticas públicas efectivas que beneficien a toda la población.
2. Eliminar la corrupción y la ineficiencia. La lista de problemas que habría que atender inmediatamente es de nunca acabar: despilfarro de dinero en cosas que no funcionan o no se necesitan o no son en beneficio de toda la comunidad; desvío de recursos (por no decir robo); nepotismo y tráfico de influencias; falta de evaluación para poder eliminar o modificar los programas y campañas que no funcionan, así como evaluar a las y los funcionarios y despedir a quienes no hacen bien su trabajo. Todo esto drena las arcas públicas, y cualquier intento de subir los impuestos sin atender estos problemas será visto como cinismo político.
Si el gobernador cumple con estas condiciones, el año que entra con mucho gusto encabezo un movimiento en apoyo a la tenencia.
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