sábado, 21 de enero de 2017

Procuraduría de Sonora pide juzgar con perspectiva de género

ESTADOS
VIOLENCIA
   Sobreviviente de violencia actúa en legítima defensa

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 19/01/2017

El caso de Daniela M, víctima de violencia que repelió el ataque de su agresor, podría sentar precedentes jurídicos para casos similares, toda vez que se demostró que la víctima actuó en legítima defensa, explicó en entrevista con Cimacnoticias, el procurador general de justicia de Sonora, Rodolfo Montes de Oca.

El funcionario dijo que en este caso, la Procuraduría a su cargo aplicó la perspectiva de género al analizar los antecedentes de que Daniela N era víctima de violencia por parte de su pareja, por lo que la dependencia resolvió el no ejercicio de la acción penal, y ante la impugnación de familiares del agresor que falleció, un juez de control resolvió en el mismo sentido.

El funcionario estatal confirmó que tiene instrucciones precisas de la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, de que en la operación de justicia sea aplicado el marco jurídico de protección a los derechos de las mujeres y que los casos se investiguen y resuelvan tomando en cuenta la perspectiva de género.

Entre las normas que se tomaron en cuenta para la resolución de este caso mencionó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (general y estatal); Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar; y disposiciones en el Código Penal como lo es la tipificación del delito de violencia intrafamiliar.

El funcionario recordó que Daniela N ya había sido agredida con anterioridad y había avisado a la autoridad y que en esa agresión la autoridad municipal intervino y pese a que le dijeron que presentara una denuncia, ella se negó por temor.

En la segunda ocasión, ella es golpeada pero repele la agresión, “por lo que es ahí donde se aplica el código penal como una legítima defensa porque es una agresión inminente, presente, que ella tiene derecho a repeler”, dijo el procurador. Agregó que no había equivalencia entre los medios que ella estaba utilizando con respecto de los utilizados por quien la estaba agrediendo.

“Difícilmente con sus propias manos podría haber repelido la agresión, necesitaba una herramienta que la llevara a un equilibrio, y esa fue el cuchillo que tomó no con la intención de privarlo de la vida, sino de defenderse”, explicó.

Detalló que pese a que Daniela N lo lesionó, se quedó a auxiliarlo y esperó a que llegaran las autoridades.

“Se toma en cuenta la diferencia de fuerzas entre las partes intervinientes, que ya había sido agredida antes por su cónyuge, había sido sobajada moralmente por su pareja y que en ese momento no fue auxiliada por ninguna persona, a pesar de que se encontraba alguien ahí presente”.

Señaló que la Procuraduría consideró que se conjuntó la legítima defensa y determinó que se estaba actualizando una excluyente de delito prevista por el artículo 13 del código penal.

Montes de Oca dijo que en la resolución de la Procuraduría en el caso Daniela, invocaron un criterio jurisprudencial que habla de lo que es la perspectiva de género y cómo debe aplicarse por parte de las y los procuradores e impartidores de justicia.

El rubro de la tesis dice que en el caso de víctimas vinculadas a su agresor por relaciones filiales o de pareja que inciden en la comisión del delito, la valoración de las pruebas debe abarcar, según el caso, la perspectiva de género o de protección eficaz o de sectores vulnerables, indicó.

“Para nosotros la víctima es la persona que se defendió. Tenemos que tomar en cuenta todo su contexto y la situación de vulnerabilidad. Es un criterio, es un precedente, que debe servir de ejemplo a los Ministerios Públicos; y para el poder judicial también es un criterio pues al haber resuelto en el mismo sentido, los jueces de control tendrán que tomarlo en cuenta para otras resoluciones”, precisó.

Finalmente señaló que espera que el poder judicial federal -a donde muy probablemente llegue el caso-coincida con ese criterio.

“Si las tres instancias coinciden, será un criterio ejemplificativo no sólo para que nosotros lo apliquemos, sino para que los hombres sepan que no es fácil y que no será impune el que ellos agredan a las mujeres, que si las mujeres se defienden y responden, no van a poder ellos jugar el papel de víctimas”, concluyó.

17/SNE/LGL


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Exigen sentencia para feminicida en Sonora

ESTADOS
FEMINISMO
   A 2 años del feminicidio familiares buscan justicia

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 18/01/2017

A unos días de que se conmemore el segundo aniversario luctuoso de Jessica Rosario Vega Borbón, enfermera asesinada por su esposo en el municipio de Navojoa, Sonora, ubicado al  sur de la entidad, en 2015, la Procuraduría estatal subsanó las fallas, omisiones y errores en el expediente y se espera una sentencia para el feminicida.

Este 20 de enero se cumplen 2 años del feminicidio de Jessica Rosario Vega. Desde entonces sus padres, familiares, amigas y compañeras de lucha por los derechos de las mujeres, integrantes de Cobanaras (gobernadoras en lengua mayo) y de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma”, no han dejado de insistir en que se haga justicia por su feminicidio.

La presidenta de Cobanaras, Patricia Alonso Ramírez, así como  integrante de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma” anunció que harán otras movilizaciones ciudadanas, como lo han hecho durante estos 24 meses.

Después de mucho peregrinar, fue el procurador de Sonora Rodolfo Montes de Oca quien se comprometió a revisar el expediente que había sido integrado en forma deficiente, por lo que instruyó para que se trabajara en fortalecerlo de acuerdo con la legislación y protocolo de investigación del delito de feminicidio  correspondientes.

Ante la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña López, el Secretario de gobierno, Miguel Pompa, el presidente del poder judicial, Francisco Gutiérrez, entre otros, Alonso Ramírez asistió hoy a la toma de protesta del subcomité de igualdad de género de Coplades portando un cartel con el rostro de Jessica, y con la demanda de justicia.

Y es que si bien la investigación se fortaleció con las pruebas y elementos necesarios para acreditar el feminicidio, hasta la fecha el responsable no ha sido sentenciado, está recluido en prisión pero sin sentencia.

Familiares e integrantes de Cobanaras y la Casa de la Mujer Indígena, expresaron su preocupación y temor de que pueda ocurrir alguna posibilidad legal para que éste quede libre y con ello impune la agresión que perpetró no sólo contra la vida de Jessica, sino contra toda la familia que ha visto trastornada su cotidianidad.

Para Patricia Alonso el caso está estancado, ya que después de que los padres de Jessica sostuvieron reuniones con el procurador del estado, han tenido la información desde diciembre de que esa institución ya hizo su trabajo de investigación para proveer al juez de suficientes elementos para que dicten sentencia. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido.

Desde entonces las integrantes de Cobanaras y de la Casa de la Mujer Indígena “La Paloma”, ubicada en San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa, acordaron retomar las acciones que venían realizando a partir de su asesinato.

Anunciaron que continuarán con las manifestaciones en Navojoa, cada día 25 del mes, uniéndose al día naranja y dedicándolo a la exigencia de justicia para Jessica.

De igual forma continuarán exigiendo que el feminicida sea castigado de acuerdo a la magnitud de su acto, ya que no sólo fue la privación de la vida, sino un conjunto de actos de tortura y sufrimiento a los que la sometió antes, durante y después de su muerte.

Otra de las actividades consiste en que a partir de este día en eventos públicos portarán el cartel que exhibe el rostro de Jessica Vega Borbón, con la leyenda:

“Exigimos justicia plena para  Jessi ya. A 24 meses de su feminicidio. Soy Jessica Rosario Vega Borbón, fui asesinada por mi esposo el 20 de enero de 2015. Navojoa, Sonora, México, Vivas nos queremos”.

Es por ello que el día de hoy  Patricia Alonso portaba el cartel para visibilizar ante los tres poderes del estado la necesidad de que haya justicia, pues considera que cada feminicidio no resuelto con su respectiva sentencia para el responsable, es un mensaje de impunidad para los hombres, lo cual constituye un permiso social para asesinar mujeres.

De igual forma, continuarán con la solicitud de reuniones con las instancias correspondientes para conocer el estatus del caso, y se retoma la movilización tanto en la cabecera municipal de Navojoa, como en los diversos lugares en donde la Casa de la Mujer Indígena tiene integrantes con el fin de difundir los derechos de las mujeres indígenas.

Informó que un abogado mediador de la Secretaría de Gobierno se acercó para proponer una reunión con un subprocurador, pero tanto la familia como sus compañeras pretenden hablar directamente con el procurador del estado.

Con quien sí pudo conversar, dijo, fue con diversas funcionarias a quienes advirtió que las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres pueden sufrir un revés si continúa la impunidad como en el caso de Jessica. Mientras no haya justicia, los hombres tienen las manos libres para seguir maltratando y asesinando a las mujeres, lamentó. 

17/SNE/LGL


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martes, 17 de enero de 2017

Las mujeres contra el gasolinazo

OPINIÓN
   Mujer Sonora
 
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 17/01/2017

Sin demérito de la lucha que están dando los hombres agraviados por el gasolinazo en México, el papel decisivo lo han tenido las mujeres en la batalla que se está dando en Sonora por revertir el alza al aumento a las gasolinas. Marchas, protestas y la liberación de casetas de cobro de peaje, han sido protagonizadas por mujeres.

Más aún, se han convertido en convocantes, pero no las ven como tales. En cada asamblea ciudadana, en cada mitin, en cada reunión, los hombres, acostumbrados a ser invitados por otros hombres, por dirigentes sindicales o partidistas, en una verticalidad propia del patriarcado, dicen “necesitamos organizarnos y nombrar una cabeza para que alguien nos represente”.

La expresión de un habitante del área rural que se acercó los primeros días de resistencia, para empezar a participar activamente, es ilustrativa: “Yo pregunté con quién podía hablar para participar más y ¡fíjese nomás! voy viendo que quien estaba al frente ¡es una mujer!”.

Desde el bloqueo del tren en Nogales, hasta la toma simbólica de las oficinas de Hacienda, las mujeres han hecho cadenas, han volanteado, han resistido el clima estoicas. Han sido ellas quienes levantan las plumas diariamente durante quince días ya, para dejar libre paso a los vehículos que van por la carretera de Nogales hacia Estación Don, atravesando el estado en los dos sentidos.
Son también ellas quienes han preparado alimentos y bebidas para llevar a las personas que se manifiestan tanto en la calle como en la caseta.

Pero esta vez, las mujeres luchadoras desde siempre, se han convertido también en convocantes. Más que “citar” a secas, ellas han logrado despertar el interés ciudadano por participar para revertir el gasolinazo, agregando el ingrediente de no permitir que las dirigencias partidistas ni sindicales oficialistas, se presenten haciéndose pasar por ciudadanos comunes, pues de alguna manera han abonado al desastre en el que vive la clase trabajadora.

En cambio, han convocado una y otra vez a que las bases tanto de sindicatos como de los diversos partidos políticos se incorporen a las manifestaciones, pues al igual que la población en general, están sufriendo las consecuencias de las decisiones de las cúpulas de sus organizaciones.

Son pues convocantes en la acepción de “anunciar, hacer público un acto, para que pueda participar quien esté interesado”. Son convocantes que no necesitan pagar, acarrear, regalar tortas o artículos varios, para que las personas convocadas vengan a manifestarse. Eso el patriarcado incrustado en las organizaciones corporativas no lo entiende.

No comprende cómo unas mujeres podrían tener la suficiente credibilidad y poder convocar sin ser cuestionadas de tener un interés más allá del expuesto una y otra vez: “No al gasolinazo”.

Y vaya que han sido muchas las personas interesadas. Nada más en Hermosillo, la capital de Sonora, han marchado en varias ocasiones no cientos, sino miles de personas creciendo cada vez la cantidad de manifestantes.

Tan solo la del domingo 15 de enero de 2017, que se unió a la convocatoria de la mega marcha nacional, congregó a más de diez mil, según coinciden varios cálculos de medios de comunicación y oficiales.

Y ahí están las mujeres, al frente del contingente, mientras otras cuidan que la carretera pueda ser transitada libremente por los vehículos que viajan y que atraviesan la plaza de cobro 152, ubicada en esta ciudad, en la cual permanecen por espacio de 12 horas de 9 a 9.

Desde luego que parte del sistema patriarcal de los sindicatos y partidos, así como del propio gobierno es el utilizar a otras mujeres para que causen la confusión con gritos y discursos inconexos, para provocar e intentar romper  la unidad de los manifestantes.

Pero estas mujeres convocantes a las que el patriarcado no ve, a las que quieren hacer aparecer como “nadie”, aunque han demostrado ser “alguien” y muy importante, siguen y seguirán ahí. Son parte nodal del movimiento “No al Gasolinazo Sonora”. Se han erigido en vigilantes de que la movilización siga siendo ciudadana, sin la participación de las dirigencias sindicales ni partidistas.

Entre ellas, Patricia Duarte Franco, Rosa María O´leary, Marcela Zazueta, Teresa Salazar y otras, son mujeres conocidas por sus luchas auténticas.

La primera por ser la madre de una de las víctimas de la Guardería ABC; la segunda por su lucha permanente por el Derecho Humano a un ambiente digno; la tercera por ser una maestra cesada injustificadamente; y la cuarta por su capacidad de resistencia, es seguida por otras mujeres que participan en la liberación de la caseta de cobro.

Rosa María con una trayectoria de más de 30 años, Patricia con un despertar doloroso como activista a partir del 2009, Marcela luchando por ser reinstalada y Teresa con un liderazgo ciudadano emergente, han reivindicado una y otra vez la necesidad de que la lucha por no al gasolinazo se mantenga siendo estrictamente ciudadana.

Eso significa que no pueden mezclarse los verdugos con las víctimas. No pueden dirigentes partidistas, dirigentes de sindicatos corporativos, funcionarios, ex funcionarios, legisladores, y figuras partidistas querer participar en su calidad de ciudadanos, mientras sus respectivas dirigencias han contribuido a las reformas estructurales que han empobrecido a México.

Estas mujeres, más otras que las apoyan, son quienes están convocando, gracias a su credibilidad, a las marchas. Son ellas a quienes les han enviado provocadores para reventarles las asambleas, las manifestaciones, los mítines, tal como lo hicieron saber en el pronunciamiento del movimiento “No al Gasolinazo Sonora”.

Afortunadamente hay muchos hombres, sus esposos, sus compañeros de trabajo, otros activistas, estudiantes jóvenes indignados, que tienen otra visión de lucha. Son hombres independientes que ven las capacidades de sus compañeras, las respetan, las siguen, las reconocen, algunos ya expresan que las admiran. Por ello no están interesados en arrebatarles  la convocatoria ciudadana.

Luchan con ellas codo a codo, día a día, sin pretender ser más que ellas o tener propuestas más importantes que ellas. Esta es una revolución de las mujeres con los hombres, no atrás, ni abajo  de ellos. Y eso tendrán que entenderlo.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

17/SNE/LGL


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sábado, 7 de enero de 2017

Confirma juez no ejercicio de acción penal por legítima defensa en caso Daniela



Hermosillo, Sonora, enero 6 de 2017.- Un juez de control del Poder Judicial del estado de Sonora en esta ciudad determinó en audiencia el día de ayer confirmar la determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por la Procuraduría General de Justicia en el caso de Daniela N que privó de la vida a su esposo en ejercicio de su legítima defensa. Este recurso de impugnación fue presentado con fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales por los familiares de José N., de 26 años, que perdió la vida a manos de su esposa Daniela N de 22 años en hechos ocurridos la madrugada del pasado 18 de diciembre de 2016, en la colonia Las Quintas.

El Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) basado en el Código Penal sonorense , en su artículo 13, apartado B, fracción II, determinó no ejercer la acción penal en contra de la detenida argumentando la legítima defensa.

Dicho Ordenamiento legal establece que se actualiza la Legítima Defensa: cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.

Luego de conocer la decisión del Ministerio Publico de no ejercicio de la acción penal los familiares de la víctima, a través de su asesor jurídico, impugnaron la resolución del Ministerio Publico ante el juez de control quien fijo la audiencia el jueves 05 de enero a las 13 horas donde después de escuchar los argumentos de las partes resolvió que es improcedente la impugnación en contra del no ejercicio de acción penal por el delito de homicidio.

Como se recordará Daniela N., fue detenida por elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) el día de los hechos luego de confesar que apuñaló a José N. con quien había iniciado una discusión en un convivio la cual se prolongó hasta llegar a su domicilio.

Un testigo refirió que Daniela recibió varios golpes de parte del occiso, quien la lanzó al piso donde continuó agrediéndola.

Ella tomó un cuchillo para defenderse pero en medio de la discusión lo lesionó causándole la muerte.
Daniela, quien no cuenta con antecedentes penales, solicitó ayuda y permaneció junto a su esposo brindándole auxilio y al llegar los agentes policiacos ella misma se entregó a las autoridades.

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora

Relacionada: Daniela es la víctima y evitó su feminicidio



jueves, 29 de diciembre de 2016

Daniela es la víctima y evitó su feminicidio

OPINIÓN
VIOLENCIA
MUJER SONORA

Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 27/12/2016

Un feminicida potencial violenta a su esposa sistemáticamente y nadie dice nada porque es ella la golpeada y no hay alguien muerto.

Desde hace un año la víctima era agredida pero no acudió a denunciar por miedo al agresor. Una ocasión que fue violentada hizo una llamada de emergencia, acudió en su auxilio la policía municipal, pero ella no quiso denunciar por miedo.

Daniela no es la primera mujer en Sonora que se defiende de su esposo o pareja con un arma y el agresor muere. Pero sí es la primera que, observamos, ha sido juzgada con perspectiva de género y de acuerdo a los estándares internacionales plasmados en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El propio procurador general del estado de Sonora, Rodolfo Montes de Oca explicó en entrevista radiofónica los motivos por los que  este caso se resolvió a través del no ejercicio de acción penal, y evocó la perspectiva de género como una de las motivaciones.

En 2004 documentamos al menos diez casos de mujeres que hirieron a sus esposos en defensa propia –según su dicho–,  pero tres de ellas, al morir el esposo producto de las heridas,  fueron juzgadas con severidad sin tomar en cuenta los antecedentes de violencia ejercida contra ellas por el fallecido, acusadas de homicidio.

En estos casos a menudo el arma la traía el agresor y con esa misma arma resultó herido. La investigación periodística que hicimos para un reportaje titulado “Mujeres que matan” reveló que en todos los casos las mujeres tuvieron un historial de violencia de pareja, según testigos, pero en ninguna se tomó en cuenta ese elemento.

El 18 de diciembre pasado se hizo público que el potencial feminicida de Daniela la atacó, la golpeó con manos y pies; ella tomó un cuchillo para defenderse pero mientras repelía la agresión, lo hirió y éste perdió la vida.

Ella fue detenida e investigada por la muerte pero se acreditó que sólo se defendió, que cuando él estaba herido, lo auxilió como pudo y permaneció siempre a su lado.

Eso fue lo que ella narró a las autoridades, lo que coincidió totalmente con el dicho de un testigo presencial y las pruebas periciales que confirmaron los hechos, eso dio como resultado que la Procuraduría acreditara la legítima defensa y el no ejercicio de la acción penal, quedando libre de inmediato.

Más adelante en la entrevista el procurador explicó que tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se reflejaron en los datos contenidos en el Informe Policial Homologado (IPH), las entrevistas recabadas y los dictámenes periciales elaborados,  entre otros datos de prueba, se estableció que Daniela se defendió legítimamente de un ataque violento de su esposo.

En congruencia con un boletín enviado por la Procuraduría, el funcionario agregó que uno de los testigos narró cómo el ahora fallecido golpeó con manos y pies a Daniela ocasionándole lesiones en cara y boca, las cuales fueron certificadas mediante el dictamen médico.

El testigo refirió que cuando Daniela corrió a la puerta para pedir auxilio, la víctima se interpuso, le golpeo la cara y la lanzó al piso para continuar agrediéndola. Por su parte Daniela tomó un cuchillo para defenderse pero en medio de la discusión lo lesionó causándole la muerte.

“Daniela, quien no cuenta con antecedentes penales, solicitó ayuda y permaneció junto a su esposo brindándole auxilio y al llegar los agentes policiacos ella misma se entregó a las autoridades”, dijo.

Montes de Oca aseveró que fue demostrado que ella hirió a su esposo en legítima defensa por lo que el Ministerio Público del fuero común decretó el no ejercicio de la acción penal.

Refirió que para resolver la investigación el personal de la Procuraduría realizó peritajes y recabaron entrevistas de al menos una persona que estuvo presente en el lugar de los hechos.

Al caso Daniela se le aplicó estrictamente el Código Penal vigente en Sonora en su artículo 13, apartado B, fracción II, que establece que se actualiza la legítima defensa: “cuando se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor”.

Éste es el vivo ejemplo de los casos no resueltos de violencia intrafamiliar ya sea porque ellas no quisieron denunciar o porque lo hicieron, y no fueron bien atendidas.

La diferencia en su caso, es que Daniela se defendió, fue juzgada con perspectiva de género y que hubo un procurador que estuvo dispuesto a sostener  el argumento públicamente.

Desde la sociedad civil es importante reconocer a las autoridades cuando hacen su trabajo de acuerdo a la legislación. Es comprensible que haya quienes dolidos por la muerte de una persona, piensen que quien se defendió debe ser castigado por el resultado irreparable. Pero eso no significa que sea lo justo.

El nuevo marco legal en el que predomina la protección de los Derechos Humanos de las víctimas debe tomar en cuenta el contexto en el que la víctima se defendió para no ser ella la muerta.

No se debe olvidar que Daniela pudo haber sido asesinada, si no ese día, cualquier otro, de lo cual hubo testigos, pero al defenderse el resultado fue distinto.

Daniela pudo haber sido revictimizada al sentenciarla por un acto cometido en defensa propia, pudo haber engrosado las filas de quienes son juzgadas por lo que en su clásico, Elena Azaola llama “El delito de ser mujer”.

Es decir, aquellas mujeres que fueron sancionadas con sentencias tres veces más altas que a los hombres por el mismo delito. Por ello no debemos olvidar que Daniela es la víctima y evitó su feminicidio.

Referencias:
Entrevista procurador de Sonora sobre legítima defensa y no ejercicio de la acción penal
https://www.youtube.com/watch?v=qxLoCwNXspA

Asesina a esposo en legítima defensa
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/asesina-a-su-esposo-en-legitima-defensa

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

16/SNE/KVR


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domingo, 25 de diciembre de 2016

Adultas mayores abandonadas y desprotegidas

“Las mujeres son más longevas que los hombres y su situación se complica debido a que no gozan de una pensión o jubilación, porque nunca trabajaron en una actividad que les proporcionara seguridad social; sólo se ocuparon del cuidado del hogar y de los hijos hasta que éstos conformaron sus familias, y ahora que son adultas mayores esperarían la ayuda de otros para vivir la última etapa de su vida. La pregunta inmediata es ¿cómo subsisten?, ya que en ocasiones sus ingresos son limitados”, afirma Angélica Navarro Ochoa, en su trabajo sobre vulnerabilidad, trabajo y salud de mujeres de la tercera edad que publicó en la revista de El Colegio de Sonora región y sociedad, no. 68.

La autora de este artículo de investigación examina la situación de las adultas mayores desde un enfoque de género, y muestra la complejidad de las relaciones que construyen para enfrentar la desigualdad, el empobrecimiento y una mayor vulnerabilidad, en comparación con los hombres.

El trabajo contribuye a visibilizar la situación riesgosa y vulnerable de esta población, y los resultados muestran que existe una relación entre sus padecimientos y el exceso de trabajo físico que realiza. Por tanto, la condición de vida de los ancianos es vulnerable, debido a circunstancias familiares, culturales y económicas, que se reflejan en pobreza, abandono y marginalidad.

Angélica Navarro Ochoa, profesora – investigadora del Centro Universitario de los Valles, Universidad de Guadalajara  apunta en el documento  que de acuerdo a registros del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen alrededor de 12 millones de personas de más de 60 años, y de éstas 18 por ciento sufre de maltrato, violencia, abandono, aislamiento, discriminación, dependencia física y económica, y en la actualidad también existen factores sociales que los colocan en una posición de mayor vulnerabilidad.

Navarro Ochoa señala que “ante la falta de seguridad social y el apoyo de los hijos, y como una manera de reducir los efectos de su vulnerabilidad, algunos adultos mayores se ven en la necesidad de desempeñar actividades remuneradas para sostenerse, y depender de familiares o extraños para cubrir necesidades afectivas, materiales o aliviar enfermedades”.

Advierte que lo que a primera vista aparenta ser una falta de atención hacia algunas adultas mayores, puede ser un indicador de falta de conciencia profunda sobre sus necesidades y derechos y aunque el estudio de caso se desarrolla en Ameca, Jalisco, esta situación se repite en muchas regiones del país, aunque, aclara que no todas viven en esta situación, están solas o son dependientes económicamente.

Por lo que a manera de conclusión asegura que el cuidado y atención del anciano debe de ser una obligación compartida con la familia, la comunidad, el empleador y el gobierno.

“De ahí que se debe buscar que cada actor involucrado en proporcionar el bienestar a este sector de la población asuma su responsabilidad. Así ya no se presentarán casos de adultos mayores abandonados, vulnerables y marginados, sino de los que disfrutan de una calidad de vida adecuada a sus condiciones físicas y humanas”.

jueves, 22 de diciembre de 2016

Pocas universidades con protocolo para atender la violencia de género

OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA

Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 20/12/2016

Cada día más universidades expresan su preocupación por contar con un mecanismo para atender y sancionar la violencia de género contra las mujeres, ya sea dentro o fuera de sus instalaciones, pero protagonizada por integrantes de la comunidad universitaria.

En México solo cuatro universidades cuentan con algún documento que organice las acciones, responsabilidades, y rutas críticas que deben seguir las víctimas, así como quienes deban atender los incidentes de violencia.

Algunas de ellas cuentan con protocolos acabados, otras con guías de actuación, otras más con códigos de conducta y ética. Los grupos colegiados internos  escogen los casos que serán analizados y resueltos por las personas integrantes de esos consejos o colectivos que arrojan dictámenes que pueden llegar a sanciones leves o severas.

Los protocolos -se construyen voluntariamente por las instituciones que son las responsables de implementarlos cuando sea necesario- son documentos internos que plasman claramente las acciones necesarias para atender y/o prevenir la violencia contra las mujeres.

El sustento jurídico y los plazos en que deba ocurrir cada acción queda escritos en esos protocolos. No obstante, hay resistencias a elaborarlos y publicarlos en ciertos sectores, pues se piensa que es una normativa  innecesaria al existir leyes, códigos, reglamentos internos, Ley federal del trabajo, así como los contratos colectivos, que de alguna manera prevén esa situación.

En el caso del protocolo de Actuación para Casos de Violencia de Género en la UNAM, que podría considerarse el más completo y acabado, además de que fue publicado en seguimiento a un acuerdo del rector de la misma, lo define como un conjunto de lineamientos y criterios.

“Lineamiento claro sobre los pasos y criterios que deberán seguir las instancias dependientes de la Oficina de la Abogada General y busca establecer las pautas relevantes para otras autoridades de la Universidad que participan en la atención de casos de violencia de género”.

Es un protocolo que sustenta su contenido en la armonización con los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano, en la Constitución mexicana, enfatizando el enfoque de Derechos Humanos y el principio pro persona, pero analizando el contenido de los procedimientos, donde se exhiben grandes incongruencias.

Ejemplo de esto es que en su declaración introductoria, se compromete con todo lineamiento emanado de las convenciones internacionales en materia de no discriminación, ni violencia contra las mujeres, en lo correspondiente a los procedimientos de actuación privilegia la mediación como mecanismo de resolución de conflictos.

Y eso es un problema, ya que la legislación mexicana así como las recomendaciones internacionales expresan claramente la prohibición y la necesidad de evitar la mediación en casos de violencia de género.

El propio protocolo dice que: “La violencia de género implica una violación a los Derechos Humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas”. Los principios que seguirán son: Debida diligencia, Confidencialidad, Transparencia y Accesibilidad.

Desarrolla ampliamente el mecanismo alternativo de resolución, equivalente a la mediación, al definir como procedimientos de resolución el Alternativo y formal. (Alternativo se refiere a un procedimiento de mediación; Formal se refiere a un procedimiento de investigación y dictamen).

“El procedimiento alternativo consistirá en una mediación. Por mediación se entiende el mecanismo voluntario mediante el cual las partes, en libre ejercicio de su voluntad, buscan, construyen y proponen opciones con el fin de alcanzar la solución a la controversia. La persona mediadora propiciará la comunicación y el entendimiento mutuo entre las partes”.

Y amplía la incongruencia al dividir entre los eventos que sí permiten mediación y los que no. Además considera la violencia de género no como un delito, sino como un “conflicto” entre dos partes en igualdad de circunstancias.

Esto contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 8, especifica expresamente: “evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”.

En Sonora las instituciones educativas pretenden atender los casos de violencia de género pero deberán tomar en cuenta que no pueden ignorar la legislación vigente. La Universidad de Sonora con mayor antigüedad, entró ya en ese proceso; mientras que a la UNAM le falta definir la violencia de género así como la descripción de los tipos y modalidades de Violencia de Género de acuerdo a la legislación vigente en México.

Le faltan mecanismos de sanción para funcionarios que no cumplan su deber. Y le falta desechar la mediación como un mecanismo para resolver casos de Violencia de Género.

Para la Universidad de Sonora no será fácil desprenderse de la cultura de la mediación, siendo ésta la universidad más reconocida en México y Latinoamérica.

Pero toda innovación, tendrá que privilegiar lo que sea mejor para las personas, en este caso para las mujeres que asisten a la universidad y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Eso no nos puede faltar.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

16/SNE/KVR/LGL


 
Leer en CIMAC: http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/pocas-universidades-con-protocolo-para-atender-la-violencia-de-g-nero