lunes, 29 de agosto de 2016

El efecto Citlali



Silvia Núñez Esquer

No ha pasado ni un mes de que explotó el caso Citlali en México y que se expandió por el mundo. Tuvo su origen en el Poblado Miguel Alemán, comisaría perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora. 

Territorio de migrantes, mayormente indígenas de diversas etnias. Unos vienen a las pizcas, terminan y se van. Otros encuentran en ese poblado un hogar que los acoge para ser jornaleros agrícolas en forma permanente o en algún otro oficio que les dé para vivir asentados en un solo lugar y dejar un tiempo su vida nómada buscando siempre el sustento a través de la movilidad.

Ahí nació Citlali, así la bautizamos cuando hicimos la primera nota en donde dábamos a conocer que en Sonora a una niña de 13 años se le había agredido sexualmente por un compañero de su padre y como producto tuvo un embarazo forzado. 

Denunció el mismo día del ataque, pero el ministerio público nunca le informó que si así lo decidía ella, podrían suministrarle la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, PAE de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, NOM-046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Tampoco le informaron de la profilaxis para evitar la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Todo está ordenado por la NOM-046, así como quiénes son los responsables de cumplirlo, incluído el personal médico que la atienda por la violencia sexual que sufrió. 

Como nada de eso sucedió, no se aplicó la NOM-046, ni se siguió el protocolo de investigación de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, vigente en Sonora desde el 16 de mayo de 2016, Citlali presentó embarazo producto de la violación, y entonces su lucha fue por lograr interrumpir el embarazo, y por sanción ejemplar al agresor. 

El lunes 15 de agosto la pesadilla se presentó para otra joven. Fue en la colonia Las Quintas de Hermosillo en donde una adolescente de 16 años fue atacada  por la noche mientras caminaba por su colonia de residencia por un hombre que la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente, para proceder a violarla. 

La jovencita auxiliada por la propia gente que presenció su situación al verla tirada y semidesnuda, llamando a los servicios de emergencia por lo que fue atendida de inmediato. 

Fue en el Hospital Infantil de Sonora, en donde la directora del mismo de inmediato procedió a seguir el protocolo que dicta la NOM-046 suministrando la PAE y los medicamentos correspondientes para evitar ITS.

Pero no son los únicos casos en los que se ha requerido la necesaria aplicación de la NOM-046, pero sí son de los que nos hemos dado cuenta porque han sido tratados en los medios de comunicación, gracias a la denuncia pública de las propias víctimas. 

El impacto del caso Citlali logró que al sentirse observados, los operadores de justicia, así como los prestadores de servicios de salud hayan tenido más cuidado en cumplir su responsabilidad. Pero no siempre fue así.

En enero de 2003, una situación similar ocupó planas recurrentes en algunos medios. Se trataba de una niña de diez años de edad, con ocho semanas de embarazo producto de una violación, residente de Nogales, Sonora, frontera con Estados Unidos que se ubica a 275 kilómetros de Hermosillo.

En esa ocasión los medios le daban seguimiento con titulares como: “Niña violada no puede abortar”, lo cual sustentaban con entrevistas a funcionarios y funcionarias que argumentaban que la interrupción del embarazo era un delito y que no había forma de cumplir con la causal no punible del Código Penal de Sonora, pues no estaban reglamentadas las causales no punibles. 

La NOM-046 no existía en el universo jurídico argumentativo, de quienes exponían de acuerdo a nuestra legislación la imposibilidad de practicarle el aborto a la niña. 

Dos días después de ese titular vino otro: “Aborta niña violada, lo inmaduro de su cuerpo no soportó el producto”. Se produjo un aborto natural, una expulsión del embrión por el propio organismo de la niña. Una especie de alivio llegó a quienes daban seguimiento al caso, pues la injusticia en el ejercicio de derechos de la víctima, se había resuelto  en forma natural. 

En los casos más recientes, el de Citlali y el de la adolescente de Las Quintas en 2016 permitió que de un mes a otro, el cumplimiento de la norma se haya hecho presente sin restricciones. 

El personal médico se apresuró a seguir los mandatos legales para proteger a la víctima de una segunda violencia como lo es un embarazo forzado, considerado como tortura, de acuerdo al Comité de tortura, fundamento por el que se pudo prestar el servicio de aborto a la petición de la niña de Cananea en 2014, aunado a la Ley General de Víctimas y la propia norma 046. 

Sin duda es el efecto Citlali, quien destapó la inoperatividad de la NOM-046 no obstante que el Secretario de Salud había reportado que casi en su totalidad el personal de salud del Estado de Sonora, estaba capacitado en la normatividad. 

Citlali ya trascendió, mientras espera con su familia justicia por la agresión de que fue objeto en mayo pasado. 

Paulina en 1999 y Citlali en 2016, ambas de trece años, las dos de origen indígena, pobres, mujeres,  niñas, han dejado un legado. Con su dolor han construido un marco legal, novedoso cuando ocurrió la agresión a Paulina, existente, pero inoperante cuando violentaron a Citlali. 

Sin embargo, ambas han contribuido a que las y los responsables de aplicar la norma 046, y quienes con su trabajo acercan la justicia a las víctimas, sean más cuidadosos en cumplir con las disposiciones a las que están obligados.


jueves, 18 de agosto de 2016

Exigen justicia para Jessica Vega Borbón asesinada en 2015



El feminicida podría salir en libertad

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Sonora, 18 agosto 2016.- Ante las irregularidades con las que fue integrada la averiguación previa 10/2015 Bis, del juzgado primero penal en Navojoa, Sonora, los padres de Jessica Rosario Vega Borbón, asesinada el 20 de enero de 2015,  se muestran preocupados de que el responsable pudiera salir libre, por lo que solicitaron una audiencia con el procurador de Sonora, Rodolfo Montes De Oca. 

El asesinato de Jessica ocurrió en el fraccionamiento Los Olivos del municipio de Navojoa ubicado a 318 kilómetros al sur de esta capital de Sonora. El acusado de feminicidio Juan Ramón Valenzuela García, quien se encuentra detenido -pero sin sentencia aún- a través de su defensa busca por todos los medios salir exento de sanción. 

Rosalba Borbón Rubio, madre de Jessica explicó que en otras ocasiones el esposo de su hija  la había maltratado, lo cual habían visto muchas personas, y por eso la víctima había pedido ayuda al Instituto Sonorense de la Mujer. 

Existe constancia de que padecía violencia familiar por parte de su esposo, Juan Ramón Valenzuela y que en ocasiones anteriores la había tratado de ahorcar. 

Anomalías, fallas y omisiones son las cometidas por el ministerio público. Rosalba Borbón y Fernando Vega Ramírez, madre y padre de Jessica se entrevistaron este día con el subprocurador de procesos Aurelio Cuevas y con el director de procesos Sergio Ruiz en ausencia del procurador, quien se encontraba fuera de la ciudad.

Así mismo interpusieron una denuncia ante visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora contra Alfredo Valencia Dozal, ministerio público que no integró bien la averiguación previa, por lo que podría facilitar o propiciar que el feminicida salga libre. Que lo investiguen y lo castiguen, solicitan en su petición. 

Los hechos y las pruebas son contundentes cuenta Rosalba, mientras recordaba que en octubre de 2014 el esposo agresor había intentado asesinar a su hija, pero ésta alcanzó a enviar un mensaje pidiendo ayuda lo cual evitó el feminicidio. 

En esa ocasión la golpeó, la arrastró, la encerró en la casa, y en el mensaje que envió a una prima desde el baño de la vivienda decía que su esposo estaba agrediéndola y temía que la asesinara.

Del procurador esperan que les ayude para obtener justicia, mientras que de la gobernadora Claudia Pavlovich también esperan apoyo para que la muerte de Jessica no quede impune.

La afligida madre agregó que en una de las visitas al sur del estado que hizo la gobernante, ella le pidió que les ayudara, siendo la asistente quien tomó los datos, proporcionando un teléfono a la familia, mismo que era de Seguridad Pública, y no de alguna oficina para dar seguimiento.

Del juez confían en que juzgue de acuerdo a las pruebas, que haga las cosas bien, y que se guíe por la justicia, dice. 

Es imperdonable lo que le hicieron a su hija, y no se vale  que ese “monstruo” quede libre por un mal trabajo del ministerio público, por lo que pide que la ayuden, que volteen a verla, que se den cuenta que hay dos pequeños que están sin su mami por culpa de ese feminicida.

A como van las cosas tenemos el temor de que le otorguen la libertad pues el abogado defensor del acusado está aprovechando cualquier resquicio de falla en la investigación para lograr la libertad del responsable del asesinato, expuso Fernando Vega. 

Los padres de Jessica han lidiado con las secuelas del feminicidio de su hija y las consecuencias para los hijos de ésta de diez y siete años de edad. El mayor ha padecido depresión y gracias a la intervención oportuna ha ido superando esa situación. 

Más atención al proceso es lo que piden como familiares de quien perdiera la vida a manos de su esposo y padre de sus hijos, Jessica Vega. 

Patricia Alonso Ramírez, presidenta de la organización Cobanaras federación lamentó que siendo ellas una agrupación que trabaja para empoderar a las mujeres indígenas a través de la Casa de la Mujer indígena, CAMI La Paloma, les hayan asesinado a una de sus compañeras. 

Talleres para prevenir la violencia contra las mujeres, atención psicológica y otras actividades, son las que realizan en la CAMI. Denunció que seguido reciben malos tratos de los ministerios públicos cuando acompañan a mujeres indígenas a denunciar o a solicitar algún otro servicio.

La forma en que se integró la averiguación previa fue evidentemente mal hecha, y como ejemplo expuso que el celular de la víctima no fue presentado hasta once meses después del evento, siendo el ministerio público quien lo había retenido todo ese tiempo sin razón justificada. 

Alonso Ramírez se mostró preocupada por la falta de profesionalización del personal que atiende la violencia contra las mujeres en Navojoa, y recomendó capacitación para las y los funcionarios.

Son ya diez y nueve meses que han pasado desde que se cometió el feminicidio y no solo se hizo una deficiente investigación, sino que no se ha dictado sentencia aún, pues la defensa retarda y retarda con argucias jurídicas que esto suceda, dijo. 

Entre sus peticiones se encuentra la pena máxima para el acusado del delito de feminicidio, misma que en Sonora es de sesenta años de prisión.

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lunes, 15 de agosto de 2016

Manda SS al Psiquiatra a enfermos por radiación



Familia Ríos Fimbres sigue en la lucha por su salud

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Sonora, 15 agosto 2016.- Que vayan al Médico psiquiatra fue la más reciente recomendación que la Secretaría de Salud de Sonora hizo a Dulce María Fimbres y a su esposo Jesús Ríos León, después de años de pugnar por atención especializada y sendos resultados clínicos que indican que tienen afectaciones por radiación en su organismo.

A partir de los seis microgramos de arsénico hay peligro para la salud si éste se encuentra en el organismo humano. “Yo traigo 192 micro gramos de arsénico en el cuerpo”, asegura Jesús Ríos. Como respuesta las autoridades de salud les han referido al servicio psiquiátrico para que ahí sean tratados de sus diversas afectaciones.

Siempre han tratado de evadir el problema, no les han querido dar tratamiento ni a ellos ni a sus dos hijas y un hijo, denunciaron mientras continúan en el plantón ahora instalado frente a las puertas de palacio de gobierno para ver si son vistos o escuchados por la gobernadora Claudia Pavlovich.

La familia Ríos Fimbres tiene varios años peregrinando por atención de los servicios de salud en Sonora, en la Ciudad de México, incluso en Estados Unidos. 

La cadena de corrupción y el pacto de silencio que existe entre autoridades y otras instituciones, ha hecho que su demanda siga como al principio, pues a pesar de que han invertido en practicarse análisis en forma particular, no han logrado su propósito pues lo que obtienen como respuesta es el silencio y la indiferencia de cada instancia a la que van recurriendo. 

En total a los integrantes de la famiia les han detectado 24 metales más los isótopos que hacen 34 en total, todo por arriba de lo permitido para considerar inocua la presencia de esos contaminantes, explicó Ríos León. 

Dulce Fimbres narró en entrevista que las mismas personas que les han dado seguimiento en esta administración les hicieron una llamada en la cual esperaban tener respuesta a la solicitud que hicieran el 16 de febrero pasado, para que les apoyaran con un especialista del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, con sede en Cuernavaca, Morelos. 

Para su sorpresa en lugar de la información esperada, quien llamó, identificado como de comunicación social, informó que la Secretaría de Salud les solicitaba que fueran al psiquiatra, para ellos terminar la integración de un “cuadernillo”, sin explicarles en qué consiste.

La madre de familia, quien ha sido intervenida quirúrgicamente por tumores, opinó que no le parece que después de años que tienen luchando por una atención especializada a la que tienen derecho, ahora estén desviando la atención hacia un servicio que no se les está requiriendo.

“No necesitamos un psiquiatra, sino un especialista que atienda lo que realmente padecemos”, dijo indignada. 

Pero Dulce y Jesús no se quedaron  haciendo plantones en el sexenio anterior  frente a la casa de gobierno donde residía el gobernador Padrés, también lo hicieron en la casa de la gobernadora Pavlovich, quien decidió continuar residiendo en su vivienda familiar. 

Ahora se plantan frente al palacio de gobierno denunciando la falta de atención, al mismo tiempo que realizan la gestión para llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo internacional que ya recibió los documentos y la queja de la familia Ríos Fimbres.

Agotamos todas las instancias federales, estatales y municipales, por lo que acudimos ya a las instancias internacionales y nuestro caso está siendo revisado por los abogados de la CIDH, según acuse de 29 de junio de 2016, por lo que estamos en espera de que sea admitido para su análisis y esperamos a futuro una recomendación por nuestro caso al Estado mexicano, afirma Dulce. 

Sus tumores en los senos nasales, la neuropatía en varios integrantes de la familia que cada día se agrava más, la espindolitis esquilosante, son algunos de los padecimientos identificados. “Tu cuerpo se va quedando rígido. Mi hijo ya tiene parte de su columna soldada, tiene que tomar medicamento de por vida, porque esa enfermedad ya no tiene remedio”, explica angustiada. 

Los cinco tenemos neuropatía periférica y tampoco se nos ha dado la atención que necesitamos. De acuerdo al diagnóstico con el que cuentan gracias a que lo hicieron en forma particular, los especialistas médicos que requieren hasta ahora son: cardiólogo, neumólogo, reumatólogo, neurólogo y endocrinólogo. 

Sus hijas Dalia María y Dulce María, su hijo Jesús Gerardo, y ellos mismos, requieren un especialista en radiación y contaminación para que verifique la contaminación de la casa, para saber qué tratamiento específico es el que deben de llevar, resuelve Jesús Ríos. 

Ambos lamentaron que la Secretaría de Salud los intente engañar diciendo que están haciendo lo posible para apoyarlos, pues en un boletín de prensa la SS informó que desde febrero de 2016, solicitaron al INSP su apoyo para gestionar la valoración del caso, pero que la respuesta a julio del mismo año “continúa en suspenso” por parte de la institución. 

En la misma comunicación la SS expone que hasta el momento no existe evidencia en el expediente familiar que confirme la existencia de intoxicación por radiación o por metales pesados en alguno de los miembros de la familia. 

Sin embargo, ante el seguimiento que hiciera la familia Ríos Fimbres, a la supuesta solicitud al INSP, éste les respondió el 14 de junio de 2016, que a esa fecha no habían recibido ningún tipo de petición de parte de la Secretaría de Salud de Sonora. Por ello, lo único que ahora hay en firme, es la recomendación de que vayan al psiquiatra. 

viernes, 12 de agosto de 2016

Exhorta abogado a sus colegas a conocer la NOM-046



Caso Citlali reveló el desconocimiento de la norma entre abogados y médicos

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Sonora, 12 agosto 2016.- No existe ningún impedimento para que los médicos o enfermeras cumplan la NOM-046, afirmó en la sede de la Barra Sonorense de Abogados, el Licenciado Héctor Contreras Pérez, abogado penalisa.  

“Así como está la norma, los médicos no tienen ninguna responsabilidad si practican el aborto por violación. Bueno o malo, así está la norma”, afirmó contundente.

Al ofrecer una charla sobre “Interrupción del embarazo conforme a la Norma Oficial Mexicana, NOM-046, violencia familiar, sexual y contra la mujer, criterios para la prevención y aplicación, cuando la víctima ha sufrido violación”, Contreras Pérez analizó el texto de la norma y sus diversas implicaciones tanto para las instituciones como para las víctimas.

Comentó que si bien la reforma de marzo pasado sirvió para agilizar que la víctima reciba el servicio de interrupción legal del embarazo con solo solicitarla al sector salud y manifestar que fue víctima de violación bajo protesta de decir verdad, al incluir el concepto de “violación de acuerdo a los códigos penales correspondientes”, podría en el futuro representar una traba para su aplicación. 

Recomendó que se analice y que se envíe una propuesta para que esa parte pueda ser modificada, y así la norma cumpla con su función de hacer expedita la atención de emergencia, así como dar certeza a la víctima de violencia sexual de que será atendida de acuerdo a la Ley General de Víctimas. 

Sin embargo, advirtió que eso no es pretexto para que no se cumpla, pues la NOM-046, está relacionada con otras leyes, reglamentos y normatividades que forman parte de  un marco integral de atención y reparación para las víctimas. 

El abogado postulante reflexionó sobre la configuración de la NOM-046, así como de su obligatoriedad, característica ineludible al ser norma oficial. Quien se desempeñara en el pasado como segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos, hizo un recuento de la composición de la norma, y la importancia de la reforma de marzo de 2016, para dejarla acorde al artículo quinto de la Ley General de Víctimas. 

Recordó que es el apartado 6.4.2.7 el punto en donde se concentra el aspecto toral de la reforma a la NOM-046 y que es  lo que ha generado cuestionamientos en la parte de la interrupción del embarazo por violación. 

En ese aspecto describe la obligatoriedad para las instituciones del sector salud a practicar el aborto en caso de que la víctima lo solicite o si es menor de doce años, su madre, padre o tutor, bajo protesta de decir verdad, lo cual el personal médico no está obligado a verificar lo dicho por la víctima pues se basa en el principio de buena fé, de acuerdo al artículo quinto de la LGV.

Al reconocer que no conocía la NOM-046 antes del caso Citlali, que conmovió a Sonora y el mundo por haber sido víctima de un agresor sexual, pero después por las autoridades que no aplicaron la norma, hizo una comparación de los conceptos que cambiaron después de la reforma referida.

En el texto anterior se hablaba de aborto médico, mientras que ahora se habla de interrupción voluntaria del embarazo producto de violación. Antes se requería la autorización de una instancia competente -no especificaba si era ministerio público o juez-, mientras que hoy con el solo dicho de la víctima se debe acatar la solicitud de aborto, por parte de la Secretaría de Salud.  

Haciendo referencia al caso Citlali, niña violada en la costa de Hermosillo a quien se le negó el aborto al que tenía derecho por ser víctima de violación, dio pie para exhortar a sus colegas a que estudien la NOM-046 para que puedan conocerla y se darán cuenta con cuántas leyes y otras normas está relacionada.

Héctor Contreras lamentó que en México la práctica de mentir sistemáticamente en los procesos judiciales, causa en el caso de la NOM-046, cierta incertidumbre pues no es común que se de credibilidad sin demostrar el hecho, en este caso a la víctima. 

Quien se desempeñó como primer visitador general de la CEDH y primer visitador encargado de supervisar los centros penitenciarios del Estado de Sonora, dijo que estamos frente a una figura prácticamente de “crédito a la palabra”, por lo que cuesta trabajo entender y apropiarse de ella. 

Al desglosar el artículo quinto de la LGV, en el que se sustenta el apartado que fue materia de modificación  de la NOM-046, recordó que a la letra dice que las autoridades “presumirán la buena fé de la víctima”.

Los servidores públicos que intervengan por motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizar o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia en el momento en que lo requiera, así como permitir y respetar el ejercicio efectivo de sus derechos, reza el texto en cuestión.

El también ex subprocurador general de justicia del Estado de Sonora, ex secretario y hoy vicepresidente del consejo directivo de la Barra Sonorense de Abogados, comentó que la única manera en que la norma permeará a quienes están relacionados con su aplicación, principalmente abogados y médicos, es que las personas destinatarias de los beneficios, la conozcan.

Las mujeres deben conocer la NOM-046, como todas y todos los mexicanos deberíamos conocer y estudiar al menos los primeros veinte artículos de la Constitución mexicana. Mientras las personas no conozcan sus derechos, no los podrán exigir. No hay una cultura de conocimiento de la ley por parte de la ciudadanía, pero no porque sea indolente, sino porque no le están presentando las condiciones para que la conozca, fallan las instancias. Se debe hacer una difusión masiva, recomendó.