domingo, 13 de agosto de 2017

Académica señala irregularidades en negativa de AVG en Sonora

ESTADOS
VIOLENCIA 

Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia a Grupo de Trabajo

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son..- 08/08/2017

 La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.

Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.

El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.

La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.

Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.

Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.

Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.

La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.

La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.

Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.

Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.

En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE


Por irregularidades, renuncia académica a grupo de trabajo sobre AVGM para Cajeme

 Rueda de prensa en donde la Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde renuncia al Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Cajeme, Sonora. Video.

 


  • La Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde explica las razones por las que renunció al grupo de trabajo que investigó la Alerta de Violencia de Género en Cajeme, Sonora, en entrevista con Michelle Rivera en noticiario Micrófono Abierto, de Larsa TV. 9 agosto 2017. Audio.


  • Maestra Blanca Saldaña, directora del Instituto Sonorense de las Mujeres, y Maestra Francisca Duarte Ahumada, vocera del Colectivo Organizaciones y Mujeres, hablan sobre la resolución de la Secretaría de Gobernación de no declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme, Sonora, en noticiario Reporte 100, con Juan Carlos Zúñiga. 9 de agosto 2017. Audio.



  • La Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde explica las razones por las que renunció al grupo de trabajo que investigó la Alerta de Violencia de Género en Cajeme, Sonora, en entrevsita con Juan Carlos Zúñiga, en noticiario Reporte 100, de Stereo 100 de Grupo Uniradio. 10 de agosto 2017. Audio.


  • La Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde, de El Colegio de Sonora, expone el contexto de violencia contra las mujeres en Sonora, y cómo éste revela que la violencia feminicida se incrementará, según estudios. Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina, 11 agosto 2017. Video.
 

domingo, 6 de agosto de 2017

Resuelve Segob no declarar la Alerta de género en Sonora



El grupo de trabajo emite dictamen sin incluir dos votos razonados a favor de la AVGM

Silvia Núñez Esquer

En un proceso plagado de irregularidades, la Secretaría de Gobernación emitió este 4 de agosto de 2017 su resolución en donde libera a Sonora de la posibilidad de la declaratoria de alerta de género contra las mujeres (AVGM).

En el documento publicado en la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inmujeres), la dependencia resuelve que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Sonora. 

No obstante, recomienda al gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada que se presenta en el municipio de Cajeme. 

Así mismo señala algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia. 

Implementación del protocolo Alba para el Estado de Sonora es una de ellas, con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en el municipio de Cajeme.

Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable, que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.

Una medida más señala la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de  violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón del género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas. 

Según la resolución de Segob es indispensable  una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para resguardo de la integridad y vida de las mujeres víctimas de violencia. 

Aunque no aparecen en el documento como debería ser por petición de una de las integrantes del grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para el municipio de Cajeme, dos de éstas emitieron voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género. 

Uno de los dos votos razonados es de la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), Maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general.

El otro corresponde a la Doctora Mercedes Zúñiga Elizalde, profesora investigadora de El Colegio de Sonora. 

En sus razonamientos, Aguilar León explica que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta “la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad”. 

Considera que algunas de las recomendaciones mostraron avances, y que en otras los mismos no son suficientes para la no emisión de la declaratoria de AVGM en la entidad. 

Esto en función de la complejidad y el dinamismo del entorno social en el que se ejerce la violencia feminicida en Sonora. 

Es por ello que la CNDH considera que si bien han existido avances, no resultan ser suficientes para el cumplimiento satisfactorio en torno a las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo, por lo que se pronuncia a favor de que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Sonora, por parte de la Secretaría de Gobernación, finaliza su voto razonado. 

Por su parte, la Doctora Mercedes Zúñiga hace una fuerte crítica a la informalidad y falta de responsabilidad con la cual se sesionó al interior del grupo de trabajo, pues prevaleció la superficialidad y la presión por parte de los representantes del Estado de Sonora, al asistir a la reunión de dictaminación, siendo que solo debería estar una representante del ISM.

Dirigido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, su voto se pronuncia por la declaratoria de Alerta de Género, pues en Cajeme y otros municipios del Estado de Sonora, “existen elementos que permiten asegurar la necesidad de declarar la AVGM”. 

Su voto fue en virtud de disentir tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre las conclusiones del documento; y con diversos puntos fundamentales del dictamen de implementación respecto del nivel de cumplimiento de las propuestas por parte del Gobierno del Estado. 

Explica el grado de cumplimiento de las doce recomendaciones, y cuáles ya estaban cumplidas cuando se entregó el dictamen, por lo que esta administración solo las reportó, así como la insuficiencia de otras. 

Además de haber pospuesto la reunión por varias ocasiones, el grupo no fue consultado sobre la fecha de celebración, ni de la presencia de cinco representantes del gobierno del Estado por lo que no hubo libertad ni tiempo para discutir a profundidad los indicadores. 

Todo esto aunado a que el grupo sufrió múltiples cambios de representantes  institucionales:  Uno  de  Inmujeres;  dos  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos Humanos; dos del Instituto Sonorense de las Mujeres y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento de los trabajos del Grupo. 

Consultar la Resolución de Segob sobre solicitud de AVGM para el municipio de Cajeme, Sonora en sitio de Inmujeres:

Documento completo en:  

sábado, 5 de agosto de 2017

Sale libre locutora detenida en Caborca

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Juez ordena su libertad inmediata

Por: Silvia Núñez Esquer
Cimacnoticias | Hermosillo, Son, .- 04/08/2017

 Por considerar que los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público no son suficientes para establecer su responsabilidad por los delitos de fraude continuado y asociación delictuosa, la tarde de este jueves fue liberada por orden del juez Octavio Castrejón, la locutora de Radio Palacios, Alejandra Alegría Alvarado.

Alegría Alvarado llevaba siete días recluída en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, Sonora donde era investigada por los delitos mencionados.

Entre los motivos de la resolución, dijo en entrevista con Cimacnoticias el abogado de Alegría Alvarado, Humberto Ramírez, destaca que la persona a la que buscaban se encuentra detenida en el estado de Durango, y las características físicas no corresponden con las de la locutora.

No obstante, el juez consideró que eso no era suficiente para afirmar que Alejandra Alegría era la misma persona de nombre Fátima Floricely González Alcocer, o “Licenciada Flor”, o “Alejandra López”, o “Perla Quiñonez”, nombres probables de la persona que según las víctimas de fraude les había recibido el dinero del anticipo para otorgarles un crédito.

Pese a que una de las presuntas víctimas del fraude “identificó” a la locutora de Radio Palacios, el juez precisó que dio características vagas que pueden corresponder a muchas mujeres, como el cabello negro, la estatura, el color de piel, y que usa lentes, por lo que no fueron elementos contundentes para afirmar que se trataba de la misma persona.

Otra de las inconsistencias fue que las víctimas del fraude refirieron fechas específicas de los pagos que hicieron por diversas cantidades que van de los 8 mil, a los 29 mil pesos, pero la defensa de Alegría Alvarado demostró a través de los registros del reloj checador digital de su trabajo radiofónico, que ella se encontraba en esas fechas en Caborca, Sonora, su lugar de residencia y realizando sus labores cotidianas de trabajo como locutora.

Por todo ello, la resolución fue en el sentido de no vincularla a proceso. “No hay indicios razonables. No tengo material para vincularla a proceso” afirmó el juez, y ordenó su libertad inmediata.

Alejandra Alegría Alvarado había sido detenida en forma irregular el pasado viernes 28 de julio en Caborca, Sonora, al salir de su trabajo en Radio Palacios.

Fue abordada por algunas personas que dijeron que eran policías investigadores, sin portar identificación, y quienes se la llevaron a las oficinas del Ministerio Público, donde se le informó que era investigada por un fraude contra al menos 29 personas que habían dado un anticipo para que les gestionaran un crédito a través de la empresa Crédito Popular Mexicano.

Cuarenta y cinco minutos después, era trasladada a Hermosillo, Sonora, detenida e internada en la sección de indiciados del Cereso número 1.

Tras siete días en ese lugar, la tarde de ayer salió libre y sus primeras palabras fueron “Tengo que hacer escuchar mi voz, si no lo hago yo, puedo pasar el resto de mi vida encerrada”.

Si fue confundida o detenida a propósito para causarle un daño, todavía no lo sabe. Sin embargo, agradece a toda la gente que le apoyó haciendo una marcha en Caborca, o a través de las redes sociales.

Al retirarse, extendió un agradecimiento a las redes de periodistas estatal y nacional, y a todas las personas que se pronunciaron por justicia para su caso.

17/SNE


martes, 1 de agosto de 2017

Detienen arbitrariamente a locutora de Caborca, Sonora

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Alejandra Alegría lleva 4 días en Cereso

Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 01/08/2017

Ni su nombre ni sus huellas digitales coinciden con las de una mujer a la que se investiga por fraude, pero la locutora de Radio, Alejandra Alegría Alvarado, está recluida en el Centro de Readaptación Social número 1 (Cereso) de Hermosillo, Sonora, desde el viernes pasado.
 
Un supuesto fraude a una casa financiera de préstamos con domicilio en esta ciudad -que tiene alrededor de 29 denuncias en su contra- es el delito por el que investigan a dos mujeres, una llamada Alejandra López, y otra llamada Flor.
 
Alejandra Alegría Alvarado salía de su trabajo en el grupo Radio Palacios, en donde se desempeña como locutora de radio, cuando la abordaron varios hombres que le preguntaron su nombre, a lo que ella respondió indicando la parte de su uniforme en donde lo tiene bordado.
 
De ellos, solo uno traía puesta una camiseta con las insignias de la Policía Estatal Investigadora (PEI), cuyo nombre actual es Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los otros no portaban ninguna identificación como tampoco la traía el vehículo en el que se transportaban, un pick up sin ningún tipo de insignia ni leyenda.
 
Uno de los hombres le dijo que tenía que acompañarlos pues tenía “un reporte de un asunto”. Ella respondió que si se trataba de los pagos de su auto, el cual está pagando a crédito, iría a liquidarlos de inmediato, contó en entrevista con Cimacnoticias su hermano, Armando Alegría.
 
El narró que los hombres le dijeron a Alejandra que no, que se trataba de otra cosa y que tenía que acompañarlos. Su esposo quiso ir con ella, pero no se lo permitieron por lo que tuvo que seguirlos en su propio vehículo.
 
Ya en la oficina del ministerio público, en la calle 16 de la colonia Aviación de Caborca, nunca le mostraron orden de aprehensión, pero sí le informaron del supuesto fraude del que la acusaban, le mostraron unos documentos de traslado sin explicarle a dónde, por qué, de qué se trataba; tampoco le dijeron sus derechos, simplemente le colocaron esposas en los brazos, y también le sujetaron las piernas.
 
En un proceso irregular, Alejandra Alegría Alvarado pasó al estatus de detenida. Después de informarle que sería trasladada a Hermosillo, sin más la subieron a la unidad que viajó de Caborca a Hermosillo, seguida por el vehículo de sus familiares.
 
Armando Alegría explicó que al ingresar al Cereso le hicieron revisiones médicas de rutina para corroborar el estado en que llegó.
 
Pese a que cuando la pasaron para registrar sus huellas digitales las personas encargadas de hacer el procedimiento señalaron que sus huellas no correspondían con la persona que buscan, Alejandra fue privada de su libertad, ya lleva cuatro días, lo que ha ocasionado alteraciones a su salud como insomnio por hiper alerta, ataque de ansiedad por estar encerrada, pérdida de apetito y depresión.
 
Su primera audiencia se realizó el sábado 28 de julio. El juez Octavio Castrejón preguntó al ministerio público si había tomado nota de que ni las huellas digitales ni su nombre coinciden con la persona a la que están investigando.
 
A Alejandra le preguntó que si ella era la persona a la que se señalaba como investigada; ella respondió que no y que lo había acreditado con su credencial para votar, además de que nunca le mostraron orden de aprehensión.
 
El ministerio público Jesús González Moreno, aseguró tener documentos firmados por Alejandra en donde se le da a conocer la orden de aprehensión, pero ella afirmó ante el juez que nunca firmó nada puesto que no le exhibieron ningún documento.
 
Sus familiares consideran que “tal vez alguien cometió un error”, por lo que esperan su pronta liberación y expresaron su indignación por las violaciones a los Derechos Humanos de Alejandra, quien es locutora, narradora de partidos de béisbol y voluntaria en patronatos de salud.
 
Alejandra Alegría Alvarado es muy popular en Caborca, por lo que sus radioescuchas se han manifestado en redes sociales ante lo que consideran, una detención arbitraria.
 
17/SN

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domingo, 30 de julio de 2017

Citlali la fractura que vimos

OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS 
MUJER SONORA

Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 25/07/2017

 Hace un año atestiguamos cómo en el estado de Sonora el sistema de salud, procuración de justicia y de Derechos Humanos le falló a una niña de 13 años de edad.

El 29 de julio de 2016 dábamos a conocer su caso, revelando que la niña de la etnia huichol había sido víctima de violación sexual por parte de un compañero de trabajo de su padre.

Fue en su propia casa, en el Poblado Miguel Alemán del área rural de Hermosillo, mientras éste laboraba en el campo, ambos son jornaleros agrícolas. El agresor era huésped de su compañero, lo cual le facilitó el ataque a Citlali, un día en que ella no fue a la escuela por ser día inhábil.

Sin importar los gritos de la niña ni de sus hermanitos menores, el violador actuó aprovechándose de las circunstancias y de la confianza que había depositado la familia en él, al abrirle su casa.
Citlali se convirtió en emblemática por el incumplimiento de normas y leyes, pues desde el momento en que su padre y ella acudieron a denunciar la agresión ante el ministerio público, la actuación fue inadecuada para el caso.

Ella representa la fractura expuesta entre lo escrito y la realidad. A ella se le negó la información sobre la Norma Oficial Mexicana, “NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, y solo se le instó a que acudiera a revisión médica con quien quisiera.

Tampoco se le prestaron los servicios obligatorios de acuerdo a la NOM-046. Al pasar las semanas se confirmó el embarazo y tampoco se le informó que de acuerdo a esa norma, ella podía interrumpir la gestación si así lo decidía.

Gracias a la denuncia pública el caso circuló por medios nacionales e internacionales como una situación inadmisible pues las violaciones a sus Derechos Humanos eran múltiples.

Ante la presión de organizaciones feministas que tuvieron contacto con la niña, y gracias al acompañamiento de la abogada de víctimas Noelia Escoboza Chan, Citlali pudo acceder a los servicios que requería, pero en otro lugar de la república, pues la Secretaría de Salud de Sonora se negó a cumplir su obligación de practicar la interrupción del embarazo por violación.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, documentó éste y otros casos en el informe: “Violencia sin interrupción”, publicado en noviembre de 2016.

El informe da cuenta de veintitrés casos litigados, documentados y registrados por GIRE en varios estados de México. Dos de ellos, el de Esmeralda y el de Citlali, son de Sonora.

En todos los casos la violencia institucional estuvo presente por acción u omisión. Las niñas violentadas sexualmente y embarazadas en Sonora, al igual que las otras niñas y mujeres, fueron excluidas del ejercicio de sus derechos.

Y es que en ocho años, solo se han practicado sesenta y dos abortos legales por violación en México, según el informe.

Citlali movió las conciencias de muchas organizaciones y personas que se solidarizaron para apoyarla económica y profesionalmente ofreciendo sus servicios, dado lo precario de su situación.

No así la de autoridades que lejos de apoyarla para que pudiera acceder a la justicia, y pudiera resolver en lo inmediato su situación por el embarazo forzado, reclasificaron el delito de violación agravada inicial, al de estupro, como si ella hubiera consentido la violencia.

A pesar de las evidencias y pruebas médicas, dictámenes iniciales que llevaron a la conclusión de la presencia de un ataque brutal contra la niña, a Citlali no se le garantizaron sus derechos.

Se omitió la NOM-046, que por cierto había sido reformada en marzo de ese año, para incluir que “en caso de embarazo por violación las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción del embarazo en los casos permitidos por ley”.

Pero también se violó la Ley General de Víctimas en lo relativo al aborto por violación, misma que en el artículo 5,  que libera al personal de salud de la obligación de verificar si el embarazo fue o no producto de una violación, basado en el principio de buena fe.
Sólo con la manifestación por escrito de la víctima, madre, padre o tutor, bajo protesta de decir verdad, debería bastar para prestarle el servicio que requiere.

Una tercera omisión fue la no aplicación del Protocolo Especializado en la investigación de delitos contra la Libertad y Seguridad de las personas, vigente desde mayo de 2016, que por cierto, cuenta con una gran falla por excluir la opción del aborto por violación.

En el informe “Violencia sin interrupción” se establece que no obstante que el embarazo de Citlali representaba un alto riesgo para ella debido a su corta edad, el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, le negó tres veces la petición de interrupción del embarazo.

Ante esto, se presentó una demanda de amparo que, al cierre del informe, seguía en espera de sentencia. Citlali, con el apoyo de diversas organizaciones, entre ellas GIRE y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), tuvo que viajar a la  Ciudad de México para recibir los servicios a los que tenía derecho y que le fueron negados en Sonora.

De manera independiente al amparo que se tramitó, se logró acordar con el gobierno de Sonora  un conjunto de medidas de reparación con base en las peticiones que a tal efecto hicieron Citlali  y su padre: atención psicológica, se aceptó y ya se está brindando. Compensación económica, el gobierno aceptó y ya fue entregada. Adecuación de los horarios de escuela de los hermanos de Citlali, se aceptó y ya se concretó. Mejoras a la casa de la familia, se aceptó y se están realizando.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

17/SNE


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jueves, 20 de julio de 2017

La Alerta de Género se va de vacaciones

OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA

Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 19/07/2017

Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.

El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.

Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.

Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.

La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.

Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.

Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.

Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.

Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.

Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.

La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.

No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.

El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.

¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.

Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.

El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.

Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.

El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.

La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.

Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.

Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.

Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban dos niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.

Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.

La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.

Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

17/SN


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